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Vigilancia de la Salud: Derecho y Obligación

Quiero inaugurar esta sección de mi web con un artículo sobre los reconocimientos médicos en el ámbito de la Vigilancia de la Salud, y la obligación empresarial en ese sentido.  La LPRL en su art. 22 habla de la vigilancia de la salud del personal al servicio de una empresa y las características de la misma, la cual imagesdebe:

  1. Ser garantizada por el empresario: el empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica de su salud, restringiendo el alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.
  2. Ser específica: esa vigilancia se realizará en función del o de los riesgos a los que está sometido el trabajador en el lugar de trabajo.
  3. Ser voluntaria pero con condicionante…

La LPRL configura la vigilancia de la salud como un derecho del trabajador y una obligación del empresario. Ese carácter voluntario se transforma en una obligación del trabajador en las siguientes circunstancias:

  • La existencia de una disposición legal o convencional, en relación a la protección de riesgos específicos y actividades  especiales.
    • Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
    • Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para él mismo o para terceros. En este supuesto la vigilancia de la salud se utiliza como medio para hacer efectivo el antiguo principio de adecuación del trabajador al trabajo que se reformula en el artículo 25.1 de la LPRL

Para que esa excepción sea aceptada, debe existir un informe previo de los representantes de los trabajadores, donde se reconozca lo imprescindible de dicha evaluación médica, para determinar los efectos de las condiciones del trabajo sobre la salud de los trabajadores.

RD 1/1994 de 20 de junio,  art. 197  Ley General de la Seguridad Social,  también determina la responsabilidad del empresario por el incumplimiento de sus obligaciones en la vigilancia de la salud, por lo que deberá responsabilizarse de las posibles prestaciones derivadas de las enfermedades acaecidas por ello.

Sobre el derecho a acceder a los datos y resultados sobre las pruebas a las  que son sometidos los trabajadores,  el art. 22 de la LPRL también hace referencia al derecho del trabajador en cuanto a los datos recabados tras los reconocimientos médicos y en ese sentido dice:

  1. Los resultados de la “vigilancia de la salud” de los trabajadores, serán comunicados a los trabajadores afectados.
  2. Los resultados de la vigilancia de la salud no podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la VS sin que pueda facilitarse al empresario u otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante el empresario y los responsables en materia de prevención serán informados de lassalud2 conclusiones, que se deriven de los reconocimientos médicos en relación a la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo.

Por lo que teniendo en cuenta el sentido de la ley, si el trabajador se viera sometido por ejemplo  a un test psicológico en caso de existir un informe de los representantes que así obligue al trabajador, éste tendría derecho a saber las conclusiones finales y los resultado obtenidos de dicha vigilancia de la salud, por otro lado el empresario sólo tendrá derecho a saber la conclusión final del informe en cuanto si es apto o no, para desempeñar bien su trabajo.

El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que viene recogido en nuestra Constitución, y que en ningún caso debería verse afectado por el cumplimiento del deber del empresario en cuanto a la vigilancia de la salud de sus trabajadores.

Así lo determina el artículo 18.1 CE,” Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” lo recoge dentro de los derechos fundamentales, los cuales tienen una “preferencia” frente a otros derechos  y son tramitados dentro de los juzgados con preferencia frente a la vulneración de otros derechos.

La vigilancia de la salud puede suponer una vulneración del derecho fundamental anteriormente mencionado, pero si nos atenemos a lo que dice literalmente las normativas que hablan de las obligaciones y derechos de los empresarios y trabajadores en este tema queda muy claro hasta qué punto se ve limitado el empresario en el ejercicio de la vigilancia de la salud y hasta qué punto el trabajador tiene reconocido su derecho a la intimidad.

El art. 22 de la LPRL, hace clara referencia bajo qué excepciones podría someterse de forma obligatoria al trabajador a la vigilancia de la salud, ya que predomina de forma general el carácter voluntario a someterse a dichas pruebas, además, para que esa voluntariedad pase a ser obligatoriedad, la norma dice: “…sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores…” Debe existir además de unos condicionantes claros como son,  los nombrados  anteriormente, un informe previo que avale esa obligatoriedad.

Pero si aún hubiera interpretaciones “convenientes” de la normativa, el TC marca claramente una doctrina protectora hacia el trabajador y su derecho a preservar su intimidad fuera del ámbito laboral, STC 98/2000.

También en el art. 4.2.d) y e) del Estatuto de los Trabajadores se exige una serie de derechos a los trabajadores en la relación de trabajo “derecho a su integridad y a una adecuada política de seguridad e higiene” y “derecho del trabajador a la intimidad y a la debida consideración a la dignidad”.

 

Bibliografía

Ley 31/1995, de   8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales . Boletín Oficial del Estado, 269,  de 10 de noviembre, 1995

STC 98/2000 “Reconocimiento del derecho fundamental a la intimidad personal”. Recuperado el 13 de febrero del 2015, de http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2000-9223.pdf

Real Decreto Legislativo 1/1995, de  24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado, 75, de 29 de marzo, 1995

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Ley General de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, 154, de 29 de junio, 1994

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